CORDOBA.- 12/12/23.- Walter Camino y Helio Destefanis renovaron el mandato de delegados gremiales por el Sindicato Joven CIS-CTA Autónoma de Córdoba en la sucursal que el Supermercado Mayorista Yaguar posee en el capital cordobesa, con una participación que cumplió acabádamente con los previsto en el Art. 29º , párrafo 3º del DNU REG. 467/88, pese a las múltiples agresiones y acciones de amedrentamiento que los afiliados al Sindicato Joven CIS-CTA-A vienen padeciendo a raíz de la postura sindical que siempre han expresado los trabajadores y trabajadoras en ese establecimiento.
En este contexto de permanente impedimento del pleno ejercicio de la libertad sindical y de expresión y de los derechos previstos en la legislación vigente haciendo caso omiso a los límites que el Art.73º de la ley 20.744 le impone, Yaguar persiste con sus prácticas persecutorias contra el personal con ideas u opiniones gremiales.
Otra constante entre sus dispositivos antisindicales es la contratación de la policía de Córdoba como fuerza de choque y de escribanos que toman nota de la reacción de los trabajadores frente a las injusticias más nunca de las causas que las generan.
Para las patronales antisindicales como Yaguar, detectar la participación gremial del personal para tomar represalias es un acto de amedrentamiento en sí mismo. El instinto de supervivencia laboral obliga a la persona trabajadora a retener su voluntad de apoyar un reclamo laboral hasta resignarse a no participar de un proceso eleccionario, no solo de candidatearse sino de abstenerse del mero hecho de poner un sobre en una caja de cartón corrugado destinado al reciclaje, simplemente votar. Este aparente acto inofensivo -a 40 primaveras del retorno de la democracia en Argentina- representa en Yaguar un inminente riesgo para la estabilidad en el empleo.
Es así como el empleador consigue que el trabajador desiste de la participación sindical, expresando en esa aparente «indiferencia» una idea que no es la real: Porque no vota aunque quiere hacerlo pero al no quedar un registro que acredite su voluntad se supone que ha optado libremente por no votar, dejando el terreno fértil para que la patronal argumente que su injerencia en la vida sindical del personal no existe al no quedar constancia de las amenazas, aprietes, intimidaciones y hasta dádivas.
Es a partir de este cuadro de situación que el Sindicato Joven CIS CTA-A procedió a implementar un protocolo que permite la participación de la persona trabajadora en la elección o designación de sus representantes gremiales con todos los resguardos legales y las garantías democráticas.
Caso contrario -como es estrategia de la patronal- no quedaría reflejada su genuina voluntad de participar, sumando un nuevo perjuicio al agravio ya consumado de la obstaculización del ejercicio de la libertad sindical, como sería la imposibilidad de elegir o ser elegido y contar con delegados que realmente representen sus intereses profesionales ya que al no haber votantes los mandatos podrían declararse desiertos.
En estos casos -como la situación de Yaguar Córdoba- la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 entiende que se configura un ataque a la libertad de expresión de parte de un empleador cuando a través de su personal jerárquico realiza procedimientos y comentarios intimidatorios, abordajes de personas y averiguaciones para indagar sobre las opiniones sindicales entre el personal respecto a la participación sindical, con el fin de impedir que los trabajadores puedan expresar libremente sus opiniones -en este caso emitiendo el voto para elegir a sus delegados en el lugar de trabajo- utiliza como medio el miedo infundado en múltiples actos carentes de toda buena fe que legalmente se le exige al personal.
Así las cosas, el Sindicato Joven CIS CTA ha resuelto para este proceso eleccionario la implementación del “Protocolo 73” denominación interna del trámite ante el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Siendo este otro instrumento legal que se utiliza en respuesta a las prácticas antisindicales de Yaguar y su continuo y sistemático menoscabo de las garantías constitucionales previstas en el Art. 14 Bis tal como surge de la causa inventada contra los delegados Helio Destefanis y Walter Camino por el Mayorista Yaguar durante la gestión del directivo Gonzalo Patricio Torres Duran en 2017, a quien Yaguar en 2019 denunció por la comisión del delito de estafa por abuso de confianza, estafa procesal, administración fraudulenta.
Fuente: “SUPERMERCADOS MAYORISTAS YAGUAR S.A c/ DESTEFANIS, Helio Fernando y otro – Procedimiento Sumario – Exclusión de tutela sindical”
Torres Duran al momento de la inventar la causa era el abogado responsable del área legal de Yaguar, con amplias facultades con un poder y nivel de confianza que hasta le permitió acordar su desvinculación de Yaguar y el mismo aprobó su indenmización por 35 millones de pesos y le ocultó el acta acuerdo a los accionistas.
Entre otros desfalcos que salieron a la luz luego que una busqueda en «google» ubicara al jerárquico en una condena por estafa en Chile hace 20 años. A partir de allí Yaguar denuncia haber detectado en el crecimiento astronómico del patrimonio de Torres Duran, transferencia millonarias que este se hizo a sus cuentas además de la compra de lotes en Villa La Ñata donde suele tomar sol para cambiar de color el embajador argentino en Brasil, Daniel «El Pichichi» Scioli.
Torres Duran junto a “sus secuaces”, como textualmente Yaguar los identifica en el expediente judicial donde Torres Duran vuelve a reclamarles 245 millones de pesos en concepto indenmización, reclamos que según los dueños de Yaguar desconocían porque hasta el abogado que representaba a Yaguar era parte de la «banda» de Torres Duran, otro de los alias con el que Yaguar se refiere al equipo de su ex CEO estrella.
Esta banda de secuaces no solo cometieron delitos contra el patrimonio de los accionistas y la familia Blanco, dueños mayoritarios, los más afectados fueron y siguen siendo los trabajadores.
Confinados a trabajar en condiciones de insalubridad, sin que se le respete la jornada legal y sin los elementos de protección ni herramientas de trabajo como las zorras en mal estado, las sillas de los cajeros, camperas y calzado de seguridad, el pago de horas extras en negro que se pagaban por ventanilla en la misma sucursal, irregular que el cuerpo de delegados advirtieron a Torres Duran que de no regularizarse realizarían la denuncia ante la AFIP. La respuesta de Torres Duran fue “Si ustedes hacen eso le traemos la guardia de infantería”. La empresa modificó la forma de liquidar las horas extras incluyendola en el recibo de sueldo, pero una semana después después de la amenaza de Torres Duran les prohibieron el ingreso a Walter Camino y Helio Destefanis y comenzaron las denuncias con causas inventadas contra ellos donde hasta la policía de Córdoba oficia de testigo. Un armado judicial que decantó en una demanda por exclusión de tutela, es decir que le retiren la inmunidad de delegados para despedirlos con causa.
Un dato que no sorprende es la complicidad con el gremio de comercio en Córdoba, la AGEC.
Este gremio patronal generó el vacío de representación y una vez concluido los mandatos de los delegados -que no pudieron volver a ingresar al establecimiento- no volvió a convocar elecciones en la sucursal y desde entonces el personal se quedó sin representantes hasta que el Sindicato Joven CIS-CTA-A de Córdoba volvió a convocarlas en diciembre de 2021, unos meses despúes en un operativo relámpago la AGEC injertó elecciones de prepo para formalizar la existencia de sus delegados.
Ilegalidades de las que Yaguar S.A aún no se retracta y continúa la accion pergeñada por el estafador Torres Duran en nombre de Yaguar.
